El 24 de marzo de 1976 comenzó una etapa que paralizó la vida política, social y económica de la Argentina. La Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier Héctor Agosti, instauró la última y más cruenta dictadura militar en la Argentina, dando inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Durante los 7 años que duró este período, la dictadura cometió de manera sistemática violaciones a los Derechos Humanos, mediante privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, robo de bebés y sustracción de sus identidades, entre otras atrocidades.San Juan no fue ajena al horror, llegando a protagonizar un hecho único en todo el país: en la provincia se cuenta el único caso donde un recinto legislativo fue utilizado como centro clandestino de detención, marcando un claro ejemplo del mecanismo dictatorial, que había clausurado el Congreso en toda la Argentina.
El edificio de la ex-Legislatura Provincial fue inaugurado en 1928, convirtiéndose en la sede del Poder Legislativo luego del terremoto de 1944, que había derruido el anterior palacio de leyes sanjuanino. Este propósito quedó completamente interrumpido tras el golpe a la democracia, y fue usado para encarcelar ilegalmente presos políticos sin juicio previo.Lo que fue una vez un espacio de debate de leyes para la sociedad, uno de los preceptos clave de la democracia, mutó a un sitio de detención ilegal de paso, con torturas e interrogatorios, donde las personas eran llevadas más tarde a La Marquesita, el Penal de Chimbas o el RIM 22, los tres principales puntos clandestinos de detención.El relato de los delitos cometidos en la ex-Legislatura apareció gracias a las declaraciones de testigos que contaron su paso por el lugar, cuyos testimonios fueron parte de los Juicios de Lesa Humanidad en la provincia.
Tras la recuperación de la democracia en 1983, el edificio no puede ser utilizado nuevamente sin restauración por su estado estructural. En 2013 fue señalizado como Sitio Memoria, y a través de la Ley Provincial 411-F fue declarado Monumento Histórico Provincial.
